Autor: Adrián Monge

  • La España que pudo ser: 5 lecciones olvidadas de la Escuela de Salamanca para el siglo XXI

    La España que pudo ser: 5 lecciones olvidadas de la Escuela de Salamanca para el siglo XXI

    La España actual busca soluciones en modelos extranjeros, ignorando que la brújula para salir de su colapso institucional reside en su propia historia. Un viaje a través de 5 lecciones de la Escuela de Salamanca para reclamar una modernidad basada en la justicia, la responsabilidad política y la economía moral.

    1. Introducción: El laberinto político y la brújula perdida

    La España contemporánea se halla sumida en un laberinto de parálisis institucional y polarización estéril. Observamos con perplejidad cómo la degradación de lo público y la fragmentación de la identidad colectiva se aceptan como fatalidades inevitables. En este marasmo, la búsqueda de soluciones suele volverse hacia modelos importados —ya sean el estatismo jacobino o el neoliberalismo anglosajón— que resultan incapaces de enraizar en nuestra realidad histórica y jurídica.

    Sin embargo, la brújula para salir de este colapso no se encuentra en experimentos ajenos, sino en una tradición propia violentamente truncada. La «Doctrina de Salamanca», cumbre del pensamiento jurídico-teológico hispánico, ofrecía un modelo de control del poder y justicia social que fue asfixiado por la llegada del absolutismo borbónico a principios del siglo XVIII. Aquella ruptura estructural, marcada por los Decretos de Nueva Planta, sustituyó una monarquía pactista y policéntrica por un centralismo de matriz francesa que hoy agoniza en sus contradicciones.

    Recuperar las lecciones de la Escuela de Salamanca no es un ejercicio de nostalgia estética, sino un acto de realismo político para reclamar una modernidad que pudo ser. Se trata de entender que los problemas de la España actual —la impunidad de las élites, la precarización económica y la crisis de soberanía— son el resultado de haber abandonado nuestro propio marco ético y jurídico.

    2. El «Juicio de Residencia»: El fin de la impunidad política

    Frente a la impunidad moderna, protegida por aforamientos, procesos judiciales que se dilatan hasta la prescripción y las lucrativas «puertas giratorias», la tradición hispánica contaba con el Juicio de Residencia. Este no era un trámite burocrático, sino una herramienta de fiscalización implacable bajo la premisa de que todo poder es fiduciario.

    A diferencia del sistema actual, el Juicio de Residencia implicaba una incoación obligatoria e inmediata para todo gobernante al cesar en su cargo. El funcionario no podía abandonar la jurisdicción, permaneciendo en una retención obligatoria de 3 a 6 meses, y su patrimonio personal quedaba congelado mediante una fianza hasta que su gestión fuera validada. Era un proceso público y sumario donde cualquier ciudadano, independientemente de su estamento, podía presentar denuncias por mala praxis o favorecimiento de intereses privados.

    «En el modelo tradicional, las sanciones por traicionar la confianza pública no eran meras multas administrativas, sino que incluían la restitución total del daño, el comiso de bienes e inhabilitación perpetua para la función pública y corporativa.»

    Este mecanismo técnico evitaría que la política fuera un puente hacia consejos de administración de grandes corporaciones, garantizando que quien gestiona el bonum commune rinda cuentas de manera patrimonial y personal.

    3. La «Traición» de la Derecha: Cuando el mercado olvida el Bien Común

    La derecha contemporánea invoca con frecuencia una «prioridad nacional» retórica, mientras que en su praxis económica abraza un neoliberalismo desregulado de corte lockeano. Para la Escuela de Salamanca, la propiedad privada no es un derecho individualista ilimitado, sino una potestad de administración supeditada al destino universal de los bienes.

    En su tratado De Monetae Mutatione (1609), Juan de Mariana advirtió que el poder político pierde su legitimidad cuando atenta contra el patrimonio de sus vasallos. Bajo esta óptica, la devaluación deliberada del salario real mediante políticas de austeridad y la «violencia fiscal desmedida» para sostener privilegios corporativos son vistas como una forma de opresión tiranizante.

    Visión EconómicaCaracterísticas Principales
    Prioridad Nacional (Retórica actual)Centrada en símbolos abstractos y un mercado libre desvinculado de la ética social.
    Economía Moral (Salamanca)El capital está subordinado al bonum commune. La economía es una rama de la filosofía moral, no una técnica de acumulación.

    «Juan de Mariana calificó la alteración de la moneda y el despojo de los bienes de los vasallos sin su consentimiento como un ‘latrocinio público’ cometido por una autoridad arbitraria.»

    Para Domingo de Soto, el rescate de instituciones financieras con fondos públicos a costa de las necesidades básicas de la población sería tipificado como usura institucionalizada, una traición directa al deber del gobernante de velar por su comunidad.

    4. La «Amnesia» de la Izquierda: Un progresismo sin raíces

    La izquierda española sufre una paradoja paralizante: defiende la justicia social pero rechaza la tradición hispánica debido a un sesgo anticlerical heredado del historiografismo ilustrado galicano. Al confundir el Imperio Hispánico con el absolutismo borbónico, el progresismo renuncia a una base doctrinal mucho más sólida que el posmodernismo anglosajón.

    Francisco Suárez, en su Defensio Fidei, articuló la teoría del Pactum Translationis: la soberanía reside originariamente en la comunidad (res publica). El pueblo traslada la potestad de gobernar al monarca de forma condicional; si el gobernante se convierte en tirano al servir a intereses privados, el pacto se rompe y el poder retorna a la comunidad.

    Al ignorar el Ius Gentium de Francisco de Vitoria y su Relectio de Indis, la izquierda pierde la oportunidad de fundamentar la dignidad humana universal en una ley natural compartida, refugiándose en identidades fragmentadas que debilitan la cohesión social. Reclamar a Salamanca permitiría a la izquierda defender la intervención pública no como un capricho estatalista, sino como la restauración de un pacto soberano frente a los abusos del capital.

    5. El Imperio Policéntrico vs. El Estado Centralista

    La «España que pudo ser» se vislumbra en el modelo de monarquía policéntrica que los Decretos de Nueva Planta destruyeron. Frente al centralismo jacobino, la tradición salmantina defendía una paridad jurisdiccional entre los reinos peninsulares y los de las Indias, garantizada por la Recopilación de 1680 y supervisada por Cancillerías y Visitas.

    La fragmentación o «balcanización» de América en el siglo XIX no fue un rechazo a la identidad hispánica, sino una reacción legítima contra el absolutismo borbónico que pretendió degradar reinos autónomos a la condición de colonias extractivas.

    Un modelo fiel a la Escuela de Salamanca habría evolucionado pacíficamente hacia una «Confederación de Repúblicas Hispánicas», una unidad transoceánica basada en el derecho y el respeto a los fueros locales, evitando la dependencia del endeudamiento externo que hoy asfixia al mundo hispano.

    6. Economía Moral: Pósitos y Montes de Piedad contra la Usura

    Frente al capitalismo extractivo basado en la especulación bursátil y el despojo, la tradición hispánica impulsó instituciones de «Economía Moral» para proteger al tejido productivo de la usura (lucrum cessans o damnum emergens).

    • Los Pósitos: Red de depósitos municipales de grano que funcionaban como bancos públicos. En un escenario contrafactual, estos habrían evolucionado hacia cajas de crédito agrícola para financiar maquinaria y fertilizantes, protegiendo al productor de prestamistas privados.

    • Los Montes de Piedad: Instituciones de crédito prendario con intereses mínimos destinados únicamente al mantenimiento operativo. Su fin era liberar a las clases populares de la exclusión financiera y la especulación sobre bienes de primera necesidad.

    Comparativa de Modelos Financieros:

    ModeloDinámica y Objetivos
    Banca ModernaMaximización del beneficio individual, deuda con interés abusivo y apalancamiento especulativo.
    Instituciones SalmantinasCrédito como servicio social, regulación de la usura y subordinación de los mercados a la justicia distributiva y al iustum pretium (precio justo).

    7. Conclusión: Volver a las fuentes para imaginar el futuro

    Las deficiencias de la España actual no son una condena cultural, sino el resultado de haber olvidado que ya poseíamos las herramientas para una modernidad justa. La Escuela de Salamanca nos enseña que no hay soberanía sin justicia distributiva, ni autoridad legítima sin rendición de cuentas patrimonial.

    La pregunta que nos interpela hoy no es qué modelo extranjero debemos copiar, sino si estamos listos para reclamar nuestro propio legado intelectual. ¿Seremos capaces de superar la amnesia y el sectarismo para reconstruir nuestra comunidad política sobre los cimientos de la justicia y el Bien Común? El futuro de España, quizá, se encuentra esperando en las aulas de la Salamanca del siglo XVI.

    🕹️ Simulador Interactivo: La España que pudo ser

    Para llevar este ensayo un paso más allá, he creado una herramienta interactiva donde puedes simular y experimentar en tiempo real con las lecciones políticas y económicas de la Escuela de Salamanca.

  • El nuevo Leviatán ante la Fractura Institucional

    El nuevo Leviatán ante la Fractura Institucional

    La necesidad de un soberano renovado en tiempos de guerra híbrida, el nuevo Leviatán

    La teoría política clásica nos enseña que el Estado nace para detener la guerra civil, una tarea que hoy exige la conceptualización de un nuevo Leviatán. Sin embargo, el conflicto contemporáneo ya no se libra principalmente con espadas en campos de batalla, sino mediante la instrumentalización de las instituciones, la desigualdad económica estructural y la manipulación del aparato judicial. Vivimos en un momento de «interregno», donde las viejas formas de autoridad se desmoronan y surgen patologías mórbidas que amenazan la cohesión social. La tesis central de este análisis postula que las democracias modernas, y específicamente el caso español, requieren la instauración de un «Nuevo Leviatán». No se trata de un retorno al absolutismo monárquico, sino de la recuperación de una «Soberanía Integral» capaz de disciplinar a poderes fácticos que se han independizado del bien común. Estos poderes incluyen una magistratura que opera mediante el lawfare (guerra judicial), una burocracia estatal blindada que vive de espaldas a la realidad del mercado, y redes de corrupción oligárquica que, bajo banderas de «libertad», protegen intereses de clanes familiares y políticos. Si Thomas Hobbes argumentaba que el miedo a la muerte violenta legitimaba al Estado, hoy es el miedo a la indefensión jurídica y a la precariedad económica lo que exige una intervención drástica. El Estado ha perdido el monopolio, no de la violencia, sino de la justicia y la equidad. Para restaurar la Res Publica (Cicerón), es imperativo someter a la «Jaula de Hierro» (Weber) a una revisión radical y reencadenar a las élites extractivas que, desde la extrema derecha y sectores reaccionarios de la judicatura, han roto el contrato social.

    El nuevo Leviatán ante la sedición de los togados y el Lawfare

    Thomas Hobbes fue categórico en el Leviatán: la soberanía es indivisible. Cuando facciones dentro del Estado —como los jueces o corporaciones religiosas— actúan con agendas propias al margen del Soberano (la voluntad popular expresada en el Ejecutivo/Legislativo), el Estado entra en disolución. Hobbes llamaría a la situación actual una «enfermedad del cuerpo político», similar a la epilepsia, donde los nervios (leyes) actúan con espasmos involuntarios y dañinos.

    El Poder Judicial como actor político (la guerra por otros medios)

    La retórica de la «libertad», apropiada por sectores de la extrema derecha y el conservadurismo radical, esconde a menudo una defensa de privilegios pre-estatales. Cicerón, en su análisis de la caída de la República, identificó cómo los Optimates (la élite senatorial) utilizaban las instituciones para proteger su riqueza personal bajo la apariencia de defender la tradición. Las controversias que rodean al entorno familiar de Isabel Díaz Ayuso (el enriquecimiento del hermano, los presuntos delitos fiscales de la pareja, o las operaciones avaladas por el padre) encajan en este diagnóstico. No estamos ante meros actos delictivos aislados sino ante una estructura patrimonialista que el nuevo Leviatán debe desmantelar para restaurar la lógica de Estado.. Weber definiría esto no como una administración racional-legal, sino como una regresión a la «autoridad tradicional» o de clan, donde los recursos públicos se confunden con los intereses privados de la red familiar del gobernante. El nuevo Leviatán debe ser implacable aquí: la libertad económica no puede ser el derecho de una oligarquía a depredar lo público (sanidad, contratos de emergencia) para el lucro privado. La corrupción no es solo robar dinero; es, como diría Cicerón, la ruptura de la fides (confianza) que une a los ciudadanos. Cuando se protege institucionalmente a un clan mientras se persigue judicialmente a un adversario político, la Res Publica deja de ser «cosa del pueblo» para ser «cosa de una facción».

    La corrupción de la «Libertad» y los clanes oligárquicos

    La retórica de la «libertad», apropiada por sectores de la extrema derecha y el conservadurismo radical, esconde a menudo una defensa de privilegios pre-estatales. Cicerón, en su análisis de la caída de la República, identificó cómo los Optimates (la élite senatorial) utilizaban las instituciones para proteger su riqueza personal bajo la apariencia de defender la tradición. Las controversias que rodean al entorno familiar de Isabel Díaz Ayuso (el enriquecimiento del hermano, los presuntos delitos fiscales de la pareja, o las operaciones avaladas por el padre) encajan en este diagnóstico. No estamos ante meros actos delictivos aislados, sino ante una estructura de patrimonialismo. Weber definiría esto no como una administración racional-legal, sino como una regresión a la «autoridad tradicional» o de clan, donde los recursos públicos se confunden con los intereses privados de la red familiar del gobernante. El «Nuevo Leviatán» debe ser implacable aquí: la libertad económica no puede ser el derecho de una oligarquía a depredar lo público (sanidad, contratos de emergencia) para el lucro privado. La corrupción no es solo robar dinero; es, como diría Cicerón, la ruptura de la fides (confianza) que une a los ciudadanos. Cuando se protege institucionalmente a un clan mientras se persigue judicialmente a un adversario político, la Res Publica deja de ser «cosa del pueblo» para ser «cosa de una facción».

    Desigualdad estamental: El reto económico del nuevo Leviatán

    Si la corrupción política y judicial erosiona la legitimidad del Estado «por arriba», la desigualdad estructural entre quienes sirven al Estado y quienes lo sostienen la erosiona «por abajo». Max Weber describió la burocracia como la forma más eficiente de organización, caracterizada por la seguridad del cargo y la pensión. Sin embargo, Weber también temía que esta burocracia se convirtiera en un estamento cerrado, una casta con intereses propios ajenos a la nación.

    El funcionario vs. el precariado: ¿Dos Ciudadanías?

    En la España actual, se ha consolidado una dicotomía que rompe la igualdad material necesaria para la democracia. Por un lado, el estamento funcionarial (y la clase política asociada) disfruta de lo que Weber llamaría «garantías de estatus»: empleo vitalicio, trienios, horarios regulados y protección total ante las fluctuaciones del mercado. Por otro lado, el trabajador por cuenta ajena y, especialmente, el autónomo, viven en un «estado de naturaleza» económico hobbesiano: incertidumbre radical, competencia feroz, despido libre o falta de ingresos ante la enfermedad. Esta asimetría, intolerable para un nuevo Leviatán democrático, crea una corrupción moral del sistema.. El Estado, que debería ser el asegurador de última instancia de todos, se ha convertido en el asegurador premium de sus propios empleados, mientras actúa como un recaudador implacable (el Leviatán fiscal) para los autónomos y trabajadores del sector privado. No es sostenible un contrato social donde el «riesgo vital» se privatiza masivamente mientras la «seguridad vital» se reserva para quienes aprueban una oposición o acceden a cargos públicos. Esto no es justicia socialdemócrata; es un neofeudalismo burocrático.

    La necesidad de homogeneización de riesgos

    El «Nuevo Leviatán» debe abordar esta fractura mediante una reforma radical de la administración. No para precarizar al funcionario (la solución neoliberal), sino para elevar la protección del ciudadano común al nivel de la del servidor público. Si el Estado tiene capacidad para garantizar la vida blindada de un juez, un fiscal o un administrativo, debe tener la capacidad (capacidad estatal weberiana) para ofrecer una red de seguridad equivalente al autónomo. La distinción entre «empleo público» y «trabajo privado» debe difuminarse en términos de derechos fundamentales. Mientras existan ciudadanos de primera (con el sueldo asegurado por el BOE) y ciudadanos de segunda (expuestos a la intemperie del mercado global), la solidaridad orgánica de la sociedad (Durkheim) es una quimera. La corrupción del sistema también reside en esta indiferencia burocrática ante el sufrimiento económico del sector productivo privado.

    La síntesis republicana: Un nuevo Leviatán coercitivo

    La solución a esta crisis poliédrica (lawfare, corrupción oligárquica, desigualdad estamental) requiere una síntesis de la fuerza de Hobbes, la racionalidad de Weber y la virtud de Cicerón.

    El control democrático de la Justicia

    El Leviatán democrático debe afirmar su supremacía sobre el poder judicial. Esto implica reformas constitucionales y legales que impidan el bloqueo de la renovación de órganos como el CGPJ por parte de minorías de bloqueo (estrategia de la derecha política). Implica mecanismos de responsabilidad real para jueces y fiscales que prevariquen o utilicen su cargo para el activismo político (lawfare). Como sugería Hobbes, un poder que no responde ante nadie es un poder absoluto peligroso; si los jueces no responden ante las urnas, deben responder ante leyes disciplinarias férreas que castiguen la desviación de poder. La «independencia» no puede ser «soberanía».

    La restauración de la Virtus Pública contra el nepotismo

    Contra la protección de clanes familiares (caso Ayuso y similares), se requiere una aplicación jacobina de la ley. La transparencia debe ser total. El conflicto de intereses debe ser penalizado no solo administrativamente, sino penalmente con severidad extrema. Aquí recuperamos a Cicerón: quien administra lo público y beneficia a «los suyos» comete el crimen de parricidio contra la patria. El Estado debe dotarse de cuerpos de inspección de élite, independientes de los gobiernos autonómicos, capaces de auditar en tiempo real el patrimonio de los líderes políticos y sus entornos inmediatos. La corrupción no se combate con «códigos éticos» voluntarios, sino con la certeza del castigo (coerción hobbesiana).

    La defensa de la Vox Civitatis: El asedio al Fiscal General y la unidad de mando

    En la teoría hobbesiana, el Estado es una «persona artificial» que debe actuar y hablar con una sola voluntad para garantizar la paz. «En la arquitectura del nuevo Leviatán, el Fiscal General representa la voz jurídica unificada, esa voz jurídica del Ejecutivo democrático encargada de la persecución criminal y la defensa de la legalidad. Lo que observamos en la actual coyuntura española (la imputación y el asedio judicial sistemático contra el Fiscal General) constituye, bajo la lente de Hobbes, un acto de sedición institucional. No se trata de una fiscalización legítima del poder, sino de un intento de decapitación funcional del Estado. Cuando sectores corporativos de la judicatura intentan inhabilitar al jefe de los fiscales por ejercer sus funciones (como desmentir bulos propagados por defensas de particulares acusados de fraude fiscal, en referencia al caso de la pareja de Díaz Ayuso), se invierte la lógica de la soberanía. El «Nuevo Leviatán» no puede tolerar que una magistratura no electa silencie al órgano constitucional encargado de defender el interés público. Esto crea una asimetría penal monstruosa: mientras se despliega toda la artillería procesal (registros, vaciados de móviles, filtraciones a prensa) contra el entorno del Presidente del Gobierno o contra partidos como Podemos (en causas que, tras años de «pena de telediario», acaban archivadas por inexistencia de delito), se construyen «cortafuegos» procesales alrededor de las figuras de poder regional conservador y sus redes familiares. El Leviatán debe restaurar la jerarquía: el juez aplica la ley, pero no puede obstruir al Estado en su función de perseguir el delito ni, mucho menos, utilizar el secreto de sumario como arma política arrojadiza para desestabilizar al gobierno central. La independencia judicial no incluye el derecho al sabotaje del Estado.

    La «Jaula de Hierro» universal, hacia la igualdad de condiciones materiales

    La fractura entre el estamento funcionarial y la fuerza laboral privada (autónomos y asalariados) es el talón de Aquiles de la legitimidad del Estado de Bienestar actual. Max Weber advirtió que la burocracia tiende a convertirse en un fin en sí mismo, pero el socialismo democrático moderno no puede permitirse un Estado que actúe como una «aseguradora de clase» para sus empleados mientras deja al resto a la intemperie.

    Del privilegio estamental a la Seguridad Ciudadana

    El «Nuevo Leviatán» debe romper la dicotomía funcionario-precario no mediante la destrucción de las garantías del funcionario (lo cual sería un retorno al spoils system o clientelismo decimonónico), sino mediante la extensión radical de las protecciones. La situación actual, donde un autónomo puede ver embargada su cuenta por un retraso administrativo minúsculo mientras el Estado tarda meses en pagarle a él, o donde la baja por enfermedad supone la ruina para el trabajador por cuenta propia pero no para el público, viola el principio de aequitas (equidad) ciceroniano. El Estado, en su función de «Leviatán Económico», debe garantizar un «Suelo de Seguridad Universal». Esto implica que las condiciones de blindaje ante la enfermedad, el desempleo y la jubilación que hoy disfruta el funcionario, deben universalizarse. Si el Estado tiene la capacidad coercitiva para exigir impuestos de nivel europeo al autónomo, tiene la obligación contractual (Hobbes) de ofrecerle una seguridad de nivel funcionarial. Cualquier otra cosa es una relación extractiva, donde una parte de la población (el sector privado precario) financia la seguridad vital de la otra (la burocracia y la clase política), generando un resentimiento legítimo que alimenta a las opciones antisistema.

    La Burocracia inteligente contra la «Burocracia de Papel»

    Además de la igualdad de derechos, el «Nuevo Leviatán» requiere una modernización weberiana urgente. La burocracia española actual a menudo actúa como un «Leviatán de Papel»: fuerte con el débil y débil con el fuerte. Es implacable exigiendo trámites al ciudadano común para una beca o una ayuda de dependencia, pero se muestra ineficaz e «invidente» ante los grandes fraudes fiscales o la corrupción sofisticada de las élites (como las comisiones millonarias en contratos de mascarillas). La digitalización y la Inteligencia Artificial deben incorporarse no para vigilar más al ciudadano (el panóptico digital), sino para vigilar a la propia administración y simplificar la vida del administrado. Un Estado fuerte es aquel que te concede la ayuda automáticamente porque cruza datos, no el que te obliga a presentar diez veces el mismo papel. La eficiencia administrativa es, hoy día, una forma de legitimidad política.

    El nuevo Leviatán como condición de libertad

    La revisión de los desafíos actuales (la insubordinación de los poderes fácticos judiciales, la corrupción sistémica de clanes familiares protegidos institucionalmente y la grieta social entre protegidos y desprotegidos) nos lleva a una conclusión inevitable. España no sufre de «demasiado Estado» (como argumentan los liberales que, paradójicamente, viven del presupuesto público o de contratos con la administración madrileña), sino de falta de Estado allí donde es necesario. Nos falta un Estado con la «capacidad weberiana» suficiente para disciplinar a un Tribunal Supremo que se cree legislador. Nos falta un Estado con la «fuerza hobbesiana» para impedir que gobiernos regionales se conviertan en paraísos de impunidad clientelar. Y nos falta un Estado con la «virtud republicana» (Cicerón) para entender que el dinero público es sagrado (res publica) y que su función no es enriquecer al hermano del gobernante, sino asegurar que el autónomo no cierre su negocio por una enfermedad.

    El «Nuevo Leviatán» no es un monstruo totalitario. Es, utilizando la terminología de Acemoglu y Robinson, un «Leviatán Encadenado» por la democracia, pero desencadenado en su potencia de acción. Necesitamos un soberano que se atreva a ejercer el poder. Porque, como nos enseñó Cicerón al narrar la caída de Roma, cuando la República no se atreve a frenar a los poderosos que se colocan por encima de la ley, y cuando ignora el dolor de la plebe que sostiene la economía, el resultado no es la libertad, sino la tiranía del caos y el triunfo de los más fuertes. La libertad real, la libertad como no-dominación, solo puede existir bajo la sombra protectora de un Estado fuerte, justo e implacable con la corrupción, venga de donde venga.

  • Emprender en España

    Emprender en España

    Emprender en España: La guía definitiva del éxito (si tienes amigos)

    Muchos os podéis quejar de que la situación económica es muy mala, pero lo que tenéis que hacer es actuar con sentido común: emprender en España, haceros autónomos y montaros vuestra propia empresa. Parece obvio, ¿verdad?

    Muchos pensaréis que eso es una tarea titánica, pero no. Mirad cómo hay grandes empresarios que han empezado «desde su casa»: Florentino Pérez, Enrique Ortiz, Batalla, Villarmir, o Eduardo Inda son algunos de esos ejemplos de meritocracia pura.

    Requisitos para emprender en España siendo «ciudadano medio»

    Según los datos provenientes del Gobierno, la cantidad mínima para emprender en España son al menos 17.000 euros y poco más. ¿Qué persona normal no tiene 17.000€ ociosos en el banco para empezar?

    Porque claro, como bien decía aquel Consejero de la Comunidad de Madrid, los pobres no son «personas normales». Y tampoco son perros, por lo que no pueden ser seres sintientes, o personas… (o no sé, yo es que ya me lío con las propuestas del naranjismo). Resumiendo: los pobres no cuentan en esta ecuación.

    La burocracia y los requisitos fiscales pueden parecer abrumadores. A pesar de las promesas, la realidad es que muchos autónomos se enfrentan a una carga fiscal elevada y a trámites engorrosos, incluso si sus ingresos son mínimos. Pero esto solo le pasa a la gente que no sabe cómo funciona el sistema de verdad.

    Las ayudas públicas: El secreto del éxito

    Realmente es muy fácil emprender en España, porque a todo el que lo intenta con los contactos adecuados, el gobierno le da muchas posibilidades. Si no, que le pregunten a Eduardo Inda, periodista de cabecera en la lucha contra los corruptos e inmorales en todos los platós de televisión.

    Él lo sabe muy bien: en 2015, para empezar su nuevo medio de comunicación, una de las empresas públicas del Gobierno de España le concedió una «ayudita de nada»: un préstamo participativo de 300.000€ sin avales ni garantías. Lo que le pasa a todo el que empieza una empresa en el barrio, ¿no? Noticia: El Gobierno concedió una ayuda de 300.000 euros a Inda.

    ¿Veis lo fácil que es? Ya está bien de querer vivir de lo público o quejarse de lo mal que está la situación. ¿Aún no estáis convencidos? Tranquilos, hay otras formas de acabar al frente de una empresa siendo su dueño y bañados en dinero.

    El método del contacto y la privatización

    ¿Nunca habéis leído una novela o visto una película donde uno empieza a trabajar desde abajo y acaba dirigiendo la empresa? Aquí estas cosas también pasan, aunque con matices. Para emprender en España con garantías, lo principal no es el plan de negocio, sino hacer contactos: en el colegio privado, en la universidad, en el palco del fútbol…

    Imagínate que tu amigo del pupitre de al lado acaba siendo concejal o ministro. Da igual que sea de la “democracia” que del régimen “no democrático” (como llama nuestro querido presidente a la época bajo el gobierno de Franco). Un buen día puedes estar sin trabajo y encontrarte a tu amigo, que te hará un hueco en una empresa pública, ya sea una constructora, una de telecomunicaciones o gestión de residuos. Si tienes suerte, entrarás directamente de jefe con un sueldazo.

    El arte de quedarse con la empresa pública

    Pero la verdadera maestría llega cuando privatizan la empresa. Imagina que estás al frente de una constructora pública con beneficios. Tu amigo el ministro te dice: «Oye, que vamos a privatizarla». Y como lo haces tan bien, te hacen un descuento.

    Te dicen: «Mira, esta empresa valorada en 100 millones te la dejo en 50. Me pagas la mitad ahora con lo ahorrado de tu sueldazo y pides un préstamo». ¿Te faltan 25 millones? Tranquilo, el Estado o la Caja de Ahorros amiga te da el préstamo a 10 años. ¡Y al final te quedas con una empresa de 100 millones por una fracción de su precio! Así da gusto emprender en España.

    La rueda de la fortuna: Concesiones y favores

    Quien no es un empresario de éxito en este país es porque no quiere. El ciclo se cierra cuando tu amigo, el que te dio la oportunidad, te recuerda que la democracia cuesta dinero y necesita una «ayudita» para la sede del partido o un mitin. Y tú, como buen amigo, sueltas 80.000€ o 100.000€ de calderilla.

    A cambio, te pedirán hacer una autopista con concesión a 25 años. ¿Que no es rentable? Se añaden sobrecostes, se alarga a 50 años y se fija un mínimo de beneficios garantizado por el Estado. O te darán 2.000 millones para obras que no se hacen o facturas falsas para cubrir gastos de campaña electoral.

    ¿Y si te piden cuentas? Tranquilo, tu amigo te dirá que «lo controlan todo», igual que aquel préstamo de 300.000 euros. Con decir que has perdido los papeles, todo arreglado.

    Así de fácil es convertirse desde la nada en un referente empresarial. No sé qué hacéis estudiando oposiciones o quejándoos en redes sociales.

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