La teoría política clásica nos enseña que el Estado nace para detener la guerra civil, una tarea que hoy exige la conceptualización de un nuevo Leviatán. Sin embargo, el conflicto contemporáneo ya no se libra principalmente con espadas en campos de batalla, sino mediante la instrumentalización de las instituciones, la desigualdad económica estructural y la manipulación del aparato judicial. Vivimos en un momento de «interregno», donde las viejas formas de autoridad se desmoronan y surgen patologías mórbidas que amenazan la cohesión social. La tesis central de este análisis postula que las democracias modernas, y específicamente el caso español, requieren la instauración de un «Nuevo Leviatán». No se trata de un retorno al absolutismo monárquico, sino de la recuperación de una «Soberanía Integral» capaz de disciplinar a poderes fácticos que se han independizado del bien común. Estos poderes incluyen una magistratura que opera mediante el lawfare (guerra judicial), una burocracia estatal blindada que vive de espaldas a la realidad del mercado, y redes de corrupción oligárquica que, bajo banderas de «libertad», protegen intereses de clanes familiares y políticos. Si Thomas Hobbes argumentaba que el miedo a la muerte violenta legitimaba al Estado, hoy es el miedo a la indefensión jurídica y a la precariedad económica lo que exige una intervención drástica. El Estado ha perdido el monopolio, no de la violencia, sino de la justicia y la equidad. Para restaurar la Res Publica (Cicerón), es imperativo someter a la «Jaula de Hierro» (Weber) a una revisión radical y reencadenar a las élites extractivas que, desde la extrema derecha y sectores reaccionarios de la judicatura, han roto el contrato social.

Thomas Hobbes fue categórico en el Leviatán: la soberanía es indivisible. Cuando facciones dentro del Estado —como los jueces o corporaciones religiosas— actúan con agendas propias al margen del Soberano (la voluntad popular expresada en el Ejecutivo/Legislativo), el Estado entra en disolución. Hobbes llamaría a la situación actual una «enfermedad del cuerpo político», similar a la epilepsia, donde los nervios (leyes) actúan con espasmos involuntarios y dañinos.

La retórica de la «libertad», apropiada por sectores de la extrema derecha y el conservadurismo radical, esconde a menudo una defensa de privilegios pre-estatales. Cicerón, en su análisis de la caída de la República, identificó cómo los Optimates (la élite senatorial) utilizaban las instituciones para proteger su riqueza personal bajo la apariencia de defender la tradición. Las controversias que rodean al entorno familiar de Isabel Díaz Ayuso (el enriquecimiento del hermano, los presuntos delitos fiscales de la pareja, o las operaciones avaladas por el padre) encajan en este diagnóstico. No estamos ante meros actos delictivos aislados sino ante una estructura patrimonialista que el nuevo Leviatán debe desmantelar para restaurar la lógica de Estado.. Weber definiría esto no como una administración racional-legal, sino como una regresión a la «autoridad tradicional» o de clan, donde los recursos públicos se confunden con los intereses privados de la red familiar del gobernante. El nuevo Leviatán debe ser implacable aquí: la libertad económica no puede ser el derecho de una oligarquía a depredar lo público (sanidad, contratos de emergencia) para el lucro privado. La corrupción no es solo robar dinero; es, como diría Cicerón, la ruptura de la fides (confianza) que une a los ciudadanos. Cuando se protege institucionalmente a un clan mientras se persigue judicialmente a un adversario político, la Res Publica deja de ser «cosa del pueblo» para ser «cosa de una facción».

La retórica de la «libertad», apropiada por sectores de la extrema derecha y el conservadurismo radical, esconde a menudo una defensa de privilegios pre-estatales. Cicerón, en su análisis de la caída de la República, identificó cómo los Optimates (la élite senatorial) utilizaban las instituciones para proteger su riqueza personal bajo la apariencia de defender la tradición. Las controversias que rodean al entorno familiar de Isabel Díaz Ayuso (el enriquecimiento del hermano, los presuntos delitos fiscales de la pareja, o las operaciones avaladas por el padre) encajan en este diagnóstico. No estamos ante meros actos delictivos aislados, sino ante una estructura de patrimonialismo. Weber definiría esto no como una administración racional-legal, sino como una regresión a la «autoridad tradicional» o de clan, donde los recursos públicos se confunden con los intereses privados de la red familiar del gobernante. El «Nuevo Leviatán» debe ser implacable aquí: la libertad económica no puede ser el derecho de una oligarquía a depredar lo público (sanidad, contratos de emergencia) para el lucro privado. La corrupción no es solo robar dinero; es, como diría Cicerón, la ruptura de la fides (confianza) que une a los ciudadanos. Cuando se protege institucionalmente a un clan mientras se persigue judicialmente a un adversario político, la Res Publica deja de ser «cosa del pueblo» para ser «cosa de una facción».

Si la corrupción política y judicial erosiona la legitimidad del Estado «por arriba», la desigualdad estructural entre quienes sirven al Estado y quienes lo sostienen la erosiona «por abajo». Max Weber describió la burocracia como la forma más eficiente de organización, caracterizada por la seguridad del cargo y la pensión. Sin embargo, Weber también temía que esta burocracia se convirtiera en un estamento cerrado, una casta con intereses propios ajenos a la nación.

En la España actual, se ha consolidado una dicotomía que rompe la igualdad material necesaria para la democracia. Por un lado, el estamento funcionarial (y la clase política asociada) disfruta de lo que Weber llamaría «garantías de estatus»: empleo vitalicio, trienios, horarios regulados y protección total ante las fluctuaciones del mercado. Por otro lado, el trabajador por cuenta ajena y, especialmente, el autónomo, viven en un «estado de naturaleza» económico hobbesiano: incertidumbre radical, competencia feroz, despido libre o falta de ingresos ante la enfermedad. Esta asimetría, intolerable para un nuevo Leviatán democrático, crea una corrupción moral del sistema.. El Estado, que debería ser el asegurador de última instancia de todos, se ha convertido en el asegurador premium de sus propios empleados, mientras actúa como un recaudador implacable (el Leviatán fiscal) para los autónomos y trabajadores del sector privado. No es sostenible un contrato social donde el «riesgo vital» se privatiza masivamente mientras la «seguridad vital» se reserva para quienes aprueban una oposición o acceden a cargos públicos. Esto no es justicia socialdemócrata; es un neofeudalismo burocrático.

El «Nuevo Leviatán» debe abordar esta fractura mediante una reforma radical de la administración. No para precarizar al funcionario (la solución neoliberal), sino para elevar la protección del ciudadano común al nivel de la del servidor público. Si el Estado tiene capacidad para garantizar la vida blindada de un juez, un fiscal o un administrativo, debe tener la capacidad (capacidad estatal weberiana) para ofrecer una red de seguridad equivalente al autónomo. La distinción entre «empleo público» y «trabajo privado» debe difuminarse en términos de derechos fundamentales. Mientras existan ciudadanos de primera (con el sueldo asegurado por el BOE) y ciudadanos de segunda (expuestos a la intemperie del mercado global), la solidaridad orgánica de la sociedad (Durkheim) es una quimera. La corrupción del sistema también reside en esta indiferencia burocrática ante el sufrimiento económico del sector productivo privado.

La solución a esta crisis poliédrica (lawfare, corrupción oligárquica, desigualdad estamental) requiere una síntesis de la fuerza de Hobbes, la racionalidad de Weber y la virtud de Cicerón.

El Leviatán democrático debe afirmar su supremacía sobre el poder judicial. Esto implica reformas constitucionales y legales que impidan el bloqueo de la renovación de órganos como el CGPJ por parte de minorías de bloqueo (estrategia de la derecha política). Implica mecanismos de responsabilidad real para jueces y fiscales que prevariquen o utilicen su cargo para el activismo político (lawfare). Como sugería Hobbes, un poder que no responde ante nadie es un poder absoluto peligroso; si los jueces no responden ante las urnas, deben responder ante leyes disciplinarias férreas que castiguen la desviación de poder. La «independencia» no puede ser «soberanía».

Contra la protección de clanes familiares (caso Ayuso y similares), se requiere una aplicación jacobina de la ley. La transparencia debe ser total. El conflicto de intereses debe ser penalizado no solo administrativamente, sino penalmente con severidad extrema. Aquí recuperamos a Cicerón: quien administra lo público y beneficia a «los suyos» comete el crimen de parricidio contra la patria. El Estado debe dotarse de cuerpos de inspección de élite, independientes de los gobiernos autonómicos, capaces de auditar en tiempo real el patrimonio de los líderes políticos y sus entornos inmediatos. La corrupción no se combate con «códigos éticos» voluntarios, sino con la certeza del castigo (coerción hobbesiana).

En la teoría hobbesiana, el Estado es una «persona artificial» que debe actuar y hablar con una sola voluntad para garantizar la paz. «En la arquitectura del nuevo Leviatán, el Fiscal General representa la voz jurídica unificada, esa voz jurídica del Ejecutivo democrático encargada de la persecución criminal y la defensa de la legalidad. Lo que observamos en la actual coyuntura española (la imputación y el asedio judicial sistemático contra el Fiscal General) constituye, bajo la lente de Hobbes, un acto de sedición institucional. No se trata de una fiscalización legítima del poder, sino de un intento de decapitación funcional del Estado. Cuando sectores corporativos de la judicatura intentan inhabilitar al jefe de los fiscales por ejercer sus funciones (como desmentir bulos propagados por defensas de particulares acusados de fraude fiscal, en referencia al caso de la pareja de Díaz Ayuso), se invierte la lógica de la soberanía. El «Nuevo Leviatán» no puede tolerar que una magistratura no electa silencie al órgano constitucional encargado de defender el interés público. Esto crea una asimetría penal monstruosa: mientras se despliega toda la artillería procesal (registros, vaciados de móviles, filtraciones a prensa) contra el entorno del Presidente del Gobierno o contra partidos como Podemos (en causas que, tras años de «pena de telediario», acaban archivadas por inexistencia de delito), se construyen «cortafuegos» procesales alrededor de las figuras de poder regional conservador y sus redes familiares. El Leviatán debe restaurar la jerarquía: el juez aplica la ley, pero no puede obstruir al Estado en su función de perseguir el delito ni, mucho menos, utilizar el secreto de sumario como arma política arrojadiza para desestabilizar al gobierno central. La independencia judicial no incluye el derecho al sabotaje del Estado.

La fractura entre el estamento funcionarial y la fuerza laboral privada (autónomos y asalariados) es el talón de Aquiles de la legitimidad del Estado de Bienestar actual. Max Weber advirtió que la burocracia tiende a convertirse en un fin en sí mismo, pero el socialismo democrático moderno no puede permitirse un Estado que actúe como una «aseguradora de clase» para sus empleados mientras deja al resto a la intemperie.

El «Nuevo Leviatán» debe romper la dicotomía funcionario-precario no mediante la destrucción de las garantías del funcionario (lo cual sería un retorno al spoils system o clientelismo decimonónico), sino mediante la extensión radical de las protecciones. La situación actual, donde un autónomo puede ver embargada su cuenta por un retraso administrativo minúsculo mientras el Estado tarda meses en pagarle a él, o donde la baja por enfermedad supone la ruina para el trabajador por cuenta propia pero no para el público, viola el principio de aequitas (equidad) ciceroniano. El Estado, en su función de «Leviatán Económico», debe garantizar un «Suelo de Seguridad Universal». Esto implica que las condiciones de blindaje ante la enfermedad, el desempleo y la jubilación que hoy disfruta el funcionario, deben universalizarse. Si el Estado tiene la capacidad coercitiva para exigir impuestos de nivel europeo al autónomo, tiene la obligación contractual (Hobbes) de ofrecerle una seguridad de nivel funcionarial. Cualquier otra cosa es una relación extractiva, donde una parte de la población (el sector privado precario) financia la seguridad vital de la otra (la burocracia y la clase política), generando un resentimiento legítimo que alimenta a las opciones antisistema.