Hola un día más en esta aventura que he empezado, el tema sobre el que quiero hablar hoy es la Ley de Economía Sostenible, también conocida como Ley Sinde. Aprobada en el consejo de ministros que tuvo lugar ayer, viernes 10 de marzo de 2010 en Sevilla.
Aunque se nos ha presentado la Ley de Economía Sostenible, como una iniciativa ambiciosa para impulsar el desarrollo económico, en estos tiempos de crisis económica que vivimos. La realdad es que oculta apartados que pueden sacrificar libertades y garantías judiciales, en favor de los beneficios de un pequeño grupo.
Bajo el pretexto de combatir la piratería, la ley se salta los principios de libertades y la neutralidad de la red, da a una comisión formada por empresas de derechos poderes excesivos para intervenir webs y programas de intercambio. Esta medida es una clara injerencia en el poder judicial, viola las garantías de derechos a la información y a la difusión que solo deben poder limitarse con sentencia judicial.
La comisión que podrá cerrar webs estará formada por las empresas que ostentan derechos de autor e incluso revisar las comunicaciones. Esta comisión será juez y parte, abre la puerta a una censura indiscriminada en Internet y a la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y el acceso a la información
Esta ley establece una jerarquía de derechos en la que el derecho de propiedad intelectual se coloca por encima de otros derechos fundamentales. Es una visión simplista del derecho, ignora la complejidad de las relaciones entre los distintos derechos y los desafíos que plantea la era digital.
Las posibles consecuencias de esta ley pueden ser diversas y preocupantes. Por un lado, limita la libertad de expresión y el acceso a la cultura, al dificultar el acceso a contenidos que no se encuentran fácilmente en los canales comerciales. Por otro lado, fomenta la inseguridad jurídica y la autocensura, al crear un ambiente de incertidumbre para los creadores de contenidos y los usuarios de Internet.
Frente a esta postura de perseguir a los usuarios y a los intermediarios, en base a los intereses de la SGAE y similares, habría que promover la creación de contenido legal y facilitar el acceso a la cultura a través de medios legítimos. El acceso a la cultura, las libertados y los derechos, la posibilidad de crear cosas nuevas; no puede estar limitada por la avaricia sin fin de unos pocos.