El buen gobierno y el mal gobierno, características y diferencias.

A raíz del estudio “World Bank” (1992) del Banco Mundial sobre la crisis y el crecimiento sostenido en el África Subsahariana y la importancia de “el buen gobierno” (good governance)  se populariza este término. El estudio la causa del fracaso de los países y de las reformas estructurales necesarias para su prosperidad se debía a la ausencia del «buen gobierno«, y por consiguiente al “mal gobierno” (poor governance).

Las características de este mal gobierno que hizo fracasar a estos estados y sus reformas son:

1. La falta de responsabilidad y de rendición de cuentas de los poderes públicos, lo que actualmente llamamos accountability.
2. La falta de transparencia.
3. La escasa capacidad de previsión de los políticos y funcionarios, para hacer frente a los problemas que puedan surgir, así como de las causas de sus acciones.
4. La ausencia de un Estado de Derecho, que crea una enorme inseguridad jurídica (entre otras), de cara a la inversión extranjera.

Mientras, el buen gobierno, presenta características diferentes según las instituciones que lo definan, por ello, en lugar de señalar las diferentes características de cada definición según la institución, dejaré de lado  las definiciones dadas por el Consenso de Washington (FMI, Banco Mundial, EE.UU.) dado su marcado planteamiento ideológico, la OSCE (U.E.)  y la OCDE, dado los marcados intereses regionales de ambas organizaciones. Así pues, me centraré en las características que definen el buen gobierno según el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) siendo la propuesta más amplia y a la vez ambiciosa, y aprobada por mayor consenso, siendo sus características:

1. Legitimidad política. El gobierno es aceptado por quienes integran el Estado, y se reconoce su legitimidad, para el ejercicio de sus funciones.
2. Libertad de asociación y participación. El buen gobierno requiere de participación pública para que las reformas gocen del máximo consenso.
3. Sistema judicial justo y fiable: Debe existir un Estado de Derecho bajo el Imperio de la Ley, que de seguridad a las personas y a las empresas. Perseguir la corrupción.
4. Rendición de cuentas administrativa. Debe haber consecuencias para los actos y para la gestión política y económica. No impunidad de la corrupción.
5. Libertad de información y expresión. Necesario para la creación de una sociedad civil, y para la libertad de asociación y participación, así como de control ciudadano al gobierno.
6. Gestión eficiente y eficaz del sector público. Los organismos públicos deben conseguir lo máximo con los recursos dados, y consumar sus objetivos.

Bibliografía:

Wolrd Bank (1992) Governance and Development, Washington.

UNDP (1995) Public Sector Management, Governance and Sustainable Human Development, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York.

Rabos (1993) La Gobernabilidad. Ciudadanía y Democracia en la encrucijada mundial.

Bovens, M. (2005) ‘Public Accountability’.