No ha pasado ni un año desde que, tras las últimas legislativas, accediera al gobierno del estado español el ejecutivo más neoliberal de nuestra historia. No hemos alcanzado ni un cuarto de legislatura y ya tenemos a la vuelta de la esquina el fin de la democracia en la universidad, gracias a la contra-reforma educativa propuesta por el PP de la mano del ministro Wert, aplicada con la máxima celeridad posible por la servicial Generalitat Valenciana.
La educación secundaria y superior (ESO y Bachillerato) se verá sometida a un adoctrinamiento más propio del franquismo que de un sistema democrático. Nuestros jóvenes pasarán por un sistema que omite la transmisión de derechos civiles, que promueve la sumisión de la sociedad y que obvia los problemas sociales. Para muestra: mayo del 68 pasará a ser una fecha irrelevante en el almanaque mental de nuestros estudiantes, así como las revoluciones Francesa, Americana, y el resto de revoluciones liberales. Toca sumar, además, la persecución judicial de las universidades que han contratado profesores, primando la calidad en la educación pública a otros criterios más que discutibles y la intervención por parte del Consell de aquellas que no cumplan con el objetivo de déficit.
La universidad pública española siempre se ha caracterizado por ser una fábrica de ciudadanos críticos, así pues, el hecho de que el Consell pueda intervenir los centros deficitarios, no parece más que una oportuna excusa para poder implantar una doctrina afín, obviando que los miembros de la comunidad universitaria encargados de su dirección son elegidos de forma democrática. Lo que resulta realmente curioso es que, si las universidades valencianas se encuentran en números rojos, es debido a la falta de financiación de quien pretende penalizarlas por ello. La deuda de la administración autonómica con las universidades ronda los 80 millones de Euros. Más grave aún, la Universitat Jaume I ha tenido que retrasar la elaboración de sus presupuesto para este curso a causa de no saber si recibiría 50 millones de Euros de la Generalitat Valenciana.
La intervención por parte del Consell en las universidades le permitirá saltarse la resistencia que desde éstas se hace frente a la degradación de la educación pública. Evitará también la oposición a sus políticas, sectarias e injustas, como en el caso de la brutal subida de las tasas universitarias, que saca a relucir el lado más oscuro de la derecha rancia y que promueve la segregación de los alumnos con menos recursos económicos, obligándoles a abandonar el sistema educativo o sometiendo a sus familias a cargas económicas difíciles de sostener. De este modo, serán las familias con economías más boyantes las únicas que puedan prosperar, como ya ocurre en Estados Unidos.
Esta actuación por parte del partido popular en toda la educación tiene un fin claro: la conversión de la educación pública de calidad en un sistema asistencial y sin futuro para ampliar el mercado de la escuela privada por una parte. Por otra, el aburguesamiento de una parte de la ciudadanía y el adoctrinamiento de la población a fin de que nadie se enfrente al sistema. A su sistema.
La oposición a estas políticas del PP ya no es solo cuestión de defender el derecho a una educación pública, de calidad y que pueda garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades, sino que también se trata de defender la democracia y nuestro futuro como sociedad libre, es por eso que, todos, estudiantes, profesores, padres, ciudadanía, tenemos la obligación moral y social de reivindicar la protección y el fomento de un educación pública de calidad y todo lo que ella conlleva.
Adrián Monge. Secretario de dinamización y Sede del PSPV-PSOE de Castelló.
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