El equipo de gobierno de Castellón de Alfonso Bataller (PP) ha decidido a demás de subir todas las tasas existentes, crear nuevas (artículo levante).

Sobre la nueva tasa, esta grabara todos los actos civiles, lúdicos, deportivos y religiosos, lo que incluye desde manifestaciones a procesiones pasando por maratones y excursiones escolares. Estos actos costarán 25 euros por policía/hora, 3,5 por un coche patrulla, 15 por la retirada de un vehículo y 245 euros por la realización de un estudio de programación. También se cobrará por el trabajo de los bomberos en la limpieza de una calzada. Estas tasan no se cobrarán si el ayuntamiento decide que el acto en cuestión es de interés general.

La cuestión es, ¿Qué es interés general para el ayuntamiento de Castellón? Conocemos lo que es y deja de ser para el PP, los encuentros religiosos y de familia son de interés general y se merece ya no solo que no paguen sino encima darles 30 o 50 millones de Euros. En cambio las manifestaciones contra la corrupción, contra los recortes de derechos son para ellos 4 perro flautas que solo quieren armar jaleo y no tienen  derecho a nada. Una manifestación en defensa de la cultura del valenciano o de TV3 no es más que un acto de imposición contra lo es español. ¿Son estas personas las más adecuadas para decir cuando una manifestación es o no de interés general? En mi opinión NO.

Dejando a parte el criterio de “interés general” debemos hacer una reflexión ¿Es constitucional cobrar por el DERECHO a manifestar? ¿Tener o no unos derechos civiles u otros dependerán ahora de cuanto dinero tengamos? ¿Tienen que pagar los colegios e institutos por realizar excursiones o actos fuera de su recinto a aquellos que no les pagan y les han llevado a una situación insostenible? ¿No pagamos ya con los impuestos a la policía para estos servicios?

Algunas de las tasas nuevas y que suben son las siguientes: El rescate de animales. La tasa de actividades urbanísticas amplía las variables de pago por la cédula de habitabilidad. La tasa de ocupación de una vivienda crecerá de los 50 a 65 euros y agrega como novedad la instalación de naves industriales. Y la inspección de obras supondrá 60 euros. El nuevo precio de prevención en extinción de incendios gravará los servicios no urgentes; por la pérdida de unas llaves de una casa, 307 euros; y por información en planes de emergencia, 97 euros/hora.

¿Por qué toda esta subida de tasas y afán recaudatoria? La respuesta es bien fácil, por la ineficiente gestión del PP en concreto en los últimos años bajo la dirección del ahora “Presiden de la Generalitat” Alberto Fabra. El cual dejo a fecha de 2010 (faltan que salga los datos finales de 2011) una deuda de más de 107 millones de euros (exactamente 107,177,000 euros), lo que equivaldría a 602.38 euros por habitante. Todo ello sobre un presupuesto de 100 millones que tenía el ayuntamiento en 2010. Si fuera una empresa privada el ayuntamiento habría quebrado al tener una deuda superior al dinero que ingresa en un ejercicio. Esta deuda desorbitada del ayuntamiento de Castellón se debe a la nefasta gestión del ayuntamiento y a su irresponsabilidad por asumir costes de proyectos que eran competencia de la Generalitat Valencia, que ahora no paga a nadie, cuando desde un principio ni uno ni otro tenia dinero para pagarlo (artículo «El País» 2008 Castellón está en bancarrota).

Y con todo lo dicho nos encontramos con esta situación, los cuidadnos asfixiados por las brutales subidas de impuestos que no tienen en cuenta el poder adquisitivo, y  los colegios, institutos y universidades junto con miles de PYMES al borde del cierre por el impago de las administraciones que durante casi 2 décadas han sido gobernadas por el PP, quienes se niegan a aceptar responsabilidad alguna y cargan contra los ciudadanos alegando que: “hemos vivido por encima de sus posibilidades”, cuando han sido ellos quienes han gastado el dinero de todos, que no tenían, y ahora eluden responsabilidad alguna.