El deber de un pueblo a rebelarse

Aunque el Gobierno de España en manos del PP no quiere que se enseñe sobre ello, ni se hable, el inicio de muchos de los actuales regímenes democráticos tienen sus orígenes en la Declaración de derechos (Bill of Rights) de 1689, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Todas ellas borradas del temario educativo tras la reforma educativa del Ministro del PP José Ignacio Wert.

Estas declaraciones supusieron un gran avance en el modo en que se estructuraba la sociedad, pasando de un sistema absolutista a un sistema parlamentario y “democrático” (con muchas limitaciones, pero muy progresista para entonces).

Dichas declaraciones, tenían como principios, entre otros: que la soberanía emanaba única y exclusivamente del pueblo y nada  puede tener autoridad si no emana del pueblo, la libertad; incluida la libertad religiosa, derecho a la felicidad, a tener propiedad (como una casa) el derecho a la seguridad, igualdad ante la ley, derecho de expresión, la moderación del gobierno y la resistencia a la opresión. Además señalan la función de “sirvientes del pueblo” de los funcionarios y representantes.

Por el contrario en la actualidad nos encontramos con un Gobierno que viola todos estos principios, las bases de la democracia. Las fuerzas que deberían servir a la seguridad del pueblo sirven a fines de quienes las dirigen y van contra quienes utilizan la libertad para denunciar la corrupción y la traición, como hemos comprobado en las numerosas cargas policiales. La igualdad ante la ley queda anulada con reformas penales y amnistían fiscales que libraran de la cárcel a torturadores, corruptos y ladrones. La promulgación de leyes de censura, y la persecución de quienes persiguen a los corruptos o informan de ella, caso Garzón, amenazas a la Sexta, “el follonero” y “el Intermedio”, a Tele 5 “El Gran Debate”, no son más que algunos ejemplos. También nos encontramos con que las administraciones gobernadas por el PP se niegan a rendir cuentas ante los ciudadanos de lo que hacen, y solo hacen públicos los documentos bajo sentencia judicial, y en algunos casos ni así.

Las declaraciones de derechos hacen referencia especifica al deber, que no derecho, de un pueblo de levantarse contra su gobierno ilegítimo:

Que el gobierno es, o debiera ser, instituido para el bien común, la protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad; de todos los modos y formas de gobierno, el mejor es el capaz de producir el máximo grado de felicidad y seguridad, y es el más eficazmente protegido contra el peligro de la mala administración; y que cuando cualquier gobierno sea considerado inadecuado, o contrario a estos propósitos, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, de la manera que más satisfaga el bien común. (DECLARACIÓN DE DERECHOS DE VIRGINIA DEL 12 DE JUNIO DE 1776. Artículo3)

Así pues tenemos dos opciones: Observar sin hacer nada como un gobierno, que pese haber sido elegido mediante las urnas, en sufragio universal, que acudió a ellas mediante mentiras y engaños y hoy destruye todo principio de la democracia. O por el contrario, usar contra este Gobierno, el “derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que más satisfaga al bien común.

¿Qué harían ustedes?

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